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¿Cuánto dinero reciben ONGs que demandan a Perú por prohibir píldora abortiva? Por David Ramos

Imagen referencial. Foto: Flickr 401(K) 2012 (CC BY-SA 2.0)

REDACCIÓN CENTRAL, 05 May. 16 / 11:10 am (ACI).- Promsex y Demus, dos de las ONGs que demandan al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por prohibir la píldora abortiva del día siguiente (conocida como anticoncepción oral de emergencia, AOE), han recibido cerca de 1,4 millones de dólares en los últimos años para promover este fármaco, según consta en los documentos oficiales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En un comunicado publicado en su sitio web el 2 de mayo, Promsex anunció que es acompañada en su proceso legal por su financista, el Center for Reproductive Rights (CRR), la ONG feminista Demus y la organización Paz y Esperanza.

De acuerdo al comunicado, las ONGs tomaron la decisión de recurrir a la CIDH “para librar una batalla legal que busca justicia para una adolescente llamada María, sobreviviente de violación sexual quien, a pesar de haber acudido a un servicio público de salud a buscar atención, no se le suministró la AOE y se le expuso así a un posible embarazo producto de este crimen”.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú sentenció, en 2009, que el Ministerio de Salud debe abstenerse de “desarrollar como política pública la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada ‘Píldora del Día Siguiente’”, así como “ordenar que los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen la denominada ‘Píldora del Día Siguiente’ incluyan en la posología la advertencia de que dicho producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado”.

En su sentencia, el TC citó a los fabricantes y distribuidores de la píldora, que reconocen que el fármaco podría impedir la implantación de un óvulo fecundado, cometiéndose un aborto.

Sin embargo, para Promsex, de fuertes vínculos con Planned Parenthood Federation of America –acusada de traficar con los órganos de los bebés abortados en sus instalaciones– y con su matriz, la International Planned Parenthood Federation, la píldora del día siguiente “resulta de vital importancia para prevenir los embarazos no deseados, pues es el único método puede prevenirlos al usarse luego de una relación sexual sin protección durante las primeras 72 horas”.

Lo que no revela en su comunicado Promsex es que desde 2006 ejecuta costosos proyectos para promover el fármaco abortivo. Y que la demanda contra Perú fue financiada con 12 mil dólares del Center for Reproductive Rights, a través del proyecto “Litigio estratégico en anticoncepción de emergencia ante la CIDH”.

Promsex, más de 800 mil dólares
Entre todos los proyectos que ha realizado relacionados a la píldora abortiva del día siguiente, Promsex ha recibido más de 809 mil 994 dólares.

Desde 2014 hasta 2015, Promsex recibió 6 mil dólares del CRR precisamente para un proyecto –titulado “Caso AOE”– que buscaba elaborar “un informe de investigación” sobre “la violencia sexual y los servicios de los derechos reproductivos alrededor de la anticoncepción de emergencia”.

Como indicador de ese proyecto, la ONG peruana consignó el “caso de una usuaria de los servicios de salud sexual y reproductiva que no pudo acceder a la AOE”. El documento apuntaba a su “posterior presentación en la CIDH”.

Entre 2010 y 2011, Promsex recibió 36 mil dólares de la International Women’s Health Coalition para un proyecto que tiene entre sus indicadores la “elaboración de material para mujeres sobre el uso del método Yuzpe como AOE”.

El método –o régimen– Yuzpe consiste en la administración de una macrodosis hormonal de Etinilestradiol y Levonorgestrel (componente de la píldora del día siguiente).

Ese mismo proyecto implicaba la organización de un “foro – taller con mujeres de organizaciones sociales de base y de la sociedad civil de Lima y 5 de regiones del país sobre aborto legal / despenalización por causales”.

Entre abril y diciembre de 2010, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) le dio 150 mil 95 dólares a la ONG peruana para un proyecto que tenía como un supuesto importante “promover la normatización (sic) e institucionalización del uso del AOE en los ministerios de salud de los países miembros de CLAE” (Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia).

Uno de los problemas que reportó en ese proyecto fue que “un ejemplo del avance de los grupos conservadores en la región es el que se ha producido en el Perú, donde el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de la distribución gratuita de AOE”.

Ese mismo año, la UNFPA dio otros 334 mil 950 dólares a Promsex para un proyecto en el que se consigna como indicador que “se ha formado un equipo especializado de la FLASOG (Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología) en AOE, quienes han trabajado en la actualización en el posicionamiento y que viene sirviendo de base a las argumentaciones médicas que se vienen utilizando en la defensa de la AOE”.

En 2009, la ONG recibió de Pathfinder International 80 mil dólares para un proyecto que tuvo como uno de sus supuestos importantes la “participación de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en las diferentes regiones del interior del país por la demanda de los DSR (derechos sexuales y reproductivos) y acceso a la anticoncepción, incluida la AOE”.

También en 2009, la UNFPA le dio a Promsex 43 mil 562 dólares para un proyecto que tenía como fin “generar alianzas estratégicas que permitan la promoción del acceso a la AOE en los servicios de salud pública, gratuita o de bajo costo, especialmente para los adolescentes, jóvenes y poblaciones rurales en países de América Latina”.

En 2008, cuatro organizaciones internacionales dieron a esta ONG 28 mil 688 dólares para un proyecto que tenía como propósito “defender la AE (anticoncepción de emergencia) como un derecho”, así como “promover, difundir y aumentar la información sobre la AE y el acceso a las PAE (píldoras de anticoncepción de emergencia), incluyendo el método Yuzpe y productos dedicados”.

Estas organizaciones fueron Puntos de Encuentro de España, Compton Foundation Inc., el Public Health Institution y Family Care International de Estados Unidos.

En 2007, una traducción del folleto “AOE: Las Migajas Bajo el Mantel”, le significó a Promsex recibir 2 mil 300 dólares de la International Women’s Health Coalition.

Ese mismo año, la ONG peruana recibió 116 mil 398 dólares de UNFPA para “fortalecer la introducción de la AOE en la oferta de los servicios de planificación familiar públicos”.

Demus, más de medio millón de dólares

En dos proyectos, el más antiguo de los cuales data de 2010, la ONG “Demus – Estudios para la defensa de los derechos de la mujer” ha manejado más de 587 mil dólares en proyectos relacionados a la píldora del día siguiente.

Desde junio de 2015, Demus ejecuta un proyecto con un presupuesto de 357 mil dólares, que tiene como uno de sus indicadores el “caso AOE: elaboración de 1 documento de petición para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Este proyecto es financiado por el Sigrid Rausing Trust, de Reino Unido.

Además, entre 2010 y 2012, Demus recibió 230 mil 3 dólares de la organización holandesa HIVOS para un proyecto que tenía entre sus actividades la “denuncia internacional al TC peruano por prohibir la AOE” y, en otra versión del mismo, apuntaba a una “campaña pública por la despenalización del aborto, acceso AOE y estado laico impulsada por el Movimiento” (Demus).

México: las mujeres que aborten alegando haber sido violadas no deberán denunciar ni probar la violación

BASTA CON SU PALABRA

Las mujeres adultas y menores de edad que digan estar embarazadas producto de una violación, podrán abortar en cualquier institución de salud de México sin tener que presentar un dictamen o denuncia ante el Ministerio Público que pruebe el abuso sexual.

(Zocalo) El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA, Pablo Antonio Kuri Morales, ha cambiado la norma que autorizaba el aborto legal «en caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la autoridad aplicable».

Ahora dice que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de salud deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo permitidos por la ley, «previa solicitud por escrito bajo protesta de decir la verdad de la persona afectada, de que dicho embarazo es producto de violación».

Es decir, que con el simple hecho de que una mujer asegure y firme un documento diciendo que está embarazada debido a haber sufrido un ataque sexual, puede acceder a la práctica del aborto, de acuerdo con lo que marca la ley, sin que ninguna autoridad judicial o médica lo corrobore.

«El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazono estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe», señala la adhesión hecha a dicho apartado.

El mismo caso es aplicable cuando se trate de menores de 12 años, que en ese caso, serán los padres o tutores quienes firmarán dicho documento.